Sin duda, es muy complicado conocer el número exacto y real de agresiones a docentes, tanto a nivel local, como provincial, regional o nacional, entre otros motivos, por el miedo de estos a denunciar o por la inexistencia de un registro oficial específico, que sea público y accesible. 

Si bien, sí nos podemos hacer una idea de la evolución de este tipo de comportamientos en las aulas con los datos del Servicio del Defensor del Profesor de ANPE (Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza) de Castilla-La Mancha, que atiende a aquellos docentes que les comunican situaciones de conflictividad y violencia en las aulas.

Eso sí, tal y como advierte su responsable, Genoveva Jiménez, «estas cifras son solo la punta del iceberg», porque son muchas más, aunque reconozca que «cada vez más gente se anima a denunciar», al tiempo que, según recalca, «este servicio cada vez es más conocido».

- Foto: Elaboración propia

No en vano, basta con echar un vistazo a los datos relativos a la provincia de Cuenca entre los años 2016 y 2024, donde este servicio de ANPE ha atendido un total de 40 casos. Ocho años en los que las denuncias han ido in crescendo, con la pandemia del Covid como punto de inflexión. De hecho, mientras que antes de la pandemia la media de casos al año se situó en los tres, a partir del curso 2020-21 se duplican hasta siete y los tres siguientes cursos se sitúan cada uno en los ocho.

Casos denunciados por los docentes que van desde faltas de respeto, insultos o amenazas de padres a falsas acusaciones a presiones para cambiar la nota, etc. Eso sí, «algo positivo es que en los últimos años, no tenemos constancia de agresiones físicas a docentes en la provincia de Cuenca», aclara Jiménez, al tiempo que pone el acento en que Cuenca es la provincia de Castilla-La Mancha con menos casos.

En concreto, el ranking regional lo lidera la provincia de Toledo, con 35 denuncias comunicadas a este servicio de ANPE, seguida de Albacete, con 26; Ciudad Real, con 20; Guadalajara, con nueve; y, Cuenca, en último lugar, con ocho. En total, durante el pasado curso 2023-24 en Castilla-La Mancha se registraron un total de 98 casos. 

- Foto: Elaboración propia

Y, en este contexto, las nuevas tecnologías de la comunicación se han convertido en un instrumento fundamental en el día a día, aunque, eso sí, todo depende de su utilización y con qué fines.

Un claro ejemplo, a juicio de Jiménz, es la irrupción del ciberacoso en las aulas y no solo con los alumnos como víctimas, sino también con los docentes, como objeto de ataques de todo tipo.

De hecho, tal y como indica, se han incrementado los casos de agresiones relacionados con las redes sociales y, como no, con la inteligencia artificial, que tanto está de moda.

Por eso, llama la atención sobre el mal uso de los grupos de WhatsApp, incluso los integrados por los padres de alumnos, donde se habla mal de los docentes, en vez de hablar directamente con ellos.

Reivindicaciones. Ante este tipo de situaciones, ANPE reclama, entre otras cuestiones, incluir en la Ley de Autoridad la obligatoriedad del Gobierno regional de personarse como acusación particular en las agresiones a docentes, además de implantar un seguro de daños materiales y personales derivados de la labor docente.

Demanda, asimismo, la protección y presunción de veracidad ante las acciones pedagógicas, principalmente, la evaluación, junto al desarrollo de más campañas de sensibilización y un protocolo de actuación frente a los distintos tipos de violencia y acoso a los docentes.

La reducción de la burocracia es otra de sus reivindicaciones, junto a un plan de formación del profesorado para prevenir y detectar conflictos relacionados con la convivencia escolar y el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés, derivadas de situaciones de acoso, como enfermedades profesionales.

Y, por último, al mayor número de especialistas en los centros, suman su rechazo al nuevo borrador del Decreto de Convivencia e Igualdad, porque «consideramos que no mejora la convivencia ni protege al profesorado, ya que la convivencia en los centros educativos ya atraviesa una situación preocupante con un notable incremento de faltas de respeto, cuestionamientos de la labor docente e incluso alguna agresión y en ese contexto el decreto elimina herramientas correctoras, debilita la autoridad del docente y promueve un modelo en el que todas las partes de la comunidad educativa se colocan al mismo nivel», concluye Jiménez.