Empiezan las lenguas cooficiales en el Congreso. Catalán, euskera y gallego. La cosa, complicada técnicamente, cuesta un millón de euros al año. Perfectamente asumible, a mi entender, si con eso se contribuye a una integración regional y cultural en el templo de la democracia. Y conste que también me parece estupendo que se hablen estos tres idiomas en las sesiones oficiales de la UE, aunque aquí ya no estoy tan conforme con que sea España quien pague de 'su' bolsillo el gasto en traductores, papeleo, etc. Mucho más que un millón de euros en este caso, claro.
Lo malo no es que esto se haga, que ya digo que, en el fondo, es simbólicamente bueno (no tema, no oirá muchos discursos trascendentales en euskera, más allá de las salutaciones y alguna frase de importancia menor: todos quieren ser entendidos 'en directo'). He escuchado opiniones muy extremadas: esto contribuye a romper España, etc. No dramaticemos, que para romper España hace falta mucho más que tres cabinas de traductores en el recinto de las Cortes. Lo malo es que se haga ahora y por exigencia de quién se hace.
Esta semana comienza ya la traducción simultánea en el Congreso, y este martes el ministro Albares va a Bruselas a tratar de convencer a sus reticentes colegas de las bondades de unir catalán, euskera y gallego a las otras veinticuatro lenguas oficiales en la UE. Macron ya vetó el uso de las tres que compiten con el francés en el país vecino -occitano, bretón y corso- en los parlamentos regionales, pero ya se sabe que Francia es país centralista y jacobino. Sin embargo, se comprende que los estamentos comunitarios sean más bien restrictivos: en Europa se hablan 600 idiomas, lenguas o dialectos; imagínese usted si se admitiesen todos en un plano de igualdad. Y, además, los conservadores, hostiles a un Gobierno socialista, como ahora las ex socialdemócratas Finlandia y Suecia, harán lo posible por poner palos en las ruedas.
Por otro lado, ya he indicado en otras ocasiones mi reticencia a que sea un Gobierno en funciones quien introduzca todas estas iniciativas en las instancias europeas e incluso en la propia Cámara Baja. ¿Faculta de verdad la ley del Gobierno en vigor tan altos vuelos, cuando prescribe que solo asuntos 'ordinarios' caben en la gestión gubernamental en circunstancias como las actuales?
Creo que la diversidad cultural es buena, aunque se emplee a veces, lamentablemente, para distanciar y para quebrar la unidad del Estado en lugar de para unirlo. Y creo también que lo importante es no decir demasiadas tonterías en sede parlamentaria, se hable en el idioma en el que se hable. Lo que lastra todo rastro de buena voluntad en la introducción de estas medidas 'progresivas' es el hecho de que sea Puigdemont, en persona, un enemigo público del Estado, quien las exija a cambio de su 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez. Eso lo arruina todo. Hasta a Pedro Sánchez.