El acto convocado por el Partido Popular contra la posibilidad de que Pedro Sánchez negocie una amnistía con los independentistas catalanes para que no se haga tábula rasa sobre los delitos que cometieron al dar el golpe de Estado secesionista en 2017, es el preludio de lo que será la política de oposición del partido de Alberto Núñez Feijóo una vez que su candidatura a la presidencia del Gobierno quede rechazada, como parece que ocurrirá.
La calle es sin duda otro lugar donde hacer política y los ciudadanos puedan manifestar su estado de ánimo contra decisiones posibles o probables del Gobierno, antes de que se produzcan, para tratar de doblarle el brazo; pero el recurso a ella es también el mayor síntoma del proceso de polarización entre la ciudadanía y no puede sustituir al debate político en la sede de la soberanía nacional. El PP cuando se encuentra en la oposición tiene querencia por las manifestaciones multitudinarias para mostrar el respaldo con el que cuenta su posición política, pese a que la experiencia demuestra, -y en este asunto no tiene porqué seguirse el mismo patrón-, que cuando el PP ha participado en manifestaciones convocadas por él o por organizaciones interpuestas y con presencia relevante de sus dirigentes contra decisiones políticas de los gobiernos socialistas sus demandas no solo no han tenido éxito, sino que finalmente han sido socialmente aceptadas. Entre 2015 y 2011 se sucedieron dieciséis manifestaciones contra las negociaciones del gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA, y la organización terrorista primero dejó las armas y luego ha desaparecido. Las manifestaciones contra el aborto y el matrimonio homosexual, han dejado paso a su normalización y a que sean asuntos que están fuera del debate político. La "foto de Colón" contra la concesión de los indultos a los líderes del procés encarcelados dejó a la derecha maltrecha y dio paso a la quiebra de la unidad del independentismo hasta que las elecciones del 23-J han tenido como consecuencia que cuanto más débil está en las urnas y en la calle, más capacidad tiene de condicionar el gobierno de la nación.
No cabe duda de que la hipotética concesión de la amnistía sería una enmienda a la totalidad a la legalidad democrática y al deber constitucional de mantener la unidad de España y supondría un antes y un después en la concepción de la propia dignidad nacional y la consecuencia inmediata sería un aumento de la crispación y la polarización política hasta extremos insoportables. A corto plazo no contribuye a mejorar el ambiente la escalada verbal con descalificaciones como la de "golpista" dirigida por la portavoz del Gobierno a José María Aznar, promotor intelectual de la concentración del próximo 24 de septiembre en Madrid.
De aquí a que le corresponda a Pedro Sánchez intentar la investidura no dejarán de surgir arbitristas con soluciones más o menos imaginativas para que la gobernabilidad de España no dependa del prófugo Carles Puigdemont. La primera fue la de Feijóo al líder socialista, un gobierno en minoría de dos años y pactos de Estado, que Sánchez rechazó, y que el histórico expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha vuelto por pasiva para que sea Sánchez quien ofrezca un pacto de mínimos al PP para que se abstenga o le vote. En fin, de buenas intenciones está empedrado el endiablado terreno político nacional.