El nuevo censo nacional del lobo, publicado la semana pasada, contabiliza 333 manadas de esta especie, 36 más que las 297 inventariadas en 2014, lo cual supone un aumento del 12% en el último decenio. Los datos han sido dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha apuntado que el número se queda por debajo de las 500 manadas «que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo» y ha asegurado que «el lobo estaba antes en situación desfavorable y lo sigue estando ahora». «El lobo estará en un estado favorable cuando haya recuperado presencia en la totalidad del territorio», han añadido desde el MITECO.

El aumento de ejemplares se experimenta en todas las comunidades ya incluidas en el registro de 2014, a las que se suma Extremadura, donde se ha detectado por primera vez en décadas una manada reproductora. Hay 296 manadas exclusivas de una comunidad y 37 compartidas por varias y que solo se contabilizan una vez. Castilla y León encabeza la lista, con 193 manadas (160 exclusivas); Galicia tiene 93 (83 exclusivas), Asturias 45 (33), Cantabria 23 (14), La Rioja 5 (1), Madrid 5 (3), Castilla-La Mancha 4 (2), País Vasco 2 manadas, ambas compartidas, y Extremadura una manada compartida.

En cualquier caso, el reciente cambio normativo (exclusión del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, LESRPE) propicia que las diferentes comunidades autónomas ya hayan anunciado su intención de reanudar la caza del lobo. En el caso de Cantabria, ya se han abatido 16 ejemplares (a los que se suman cinco por accidente o muerte natural) de los 41 previstos en la temporada 2025/2026. Asturias ha informado que, en el marco de su Plan de Gestión, autorizará, hasta el 31 de marzo de 2026, la extracción de 53 ejemplares. La Rioja y Galicia han incluido la especie en sus órdenes de vedas para 2025, sin especificar cupos. Castilla y León ha manifestado que abordará la caza del lobo una vez esté terminado el informe sexenal que deberá remitirse a la Comisión Europea el 31 de julio de 2025.

Ante la publicación del censo y las declaraciones del MITECO, las reacciones de las organizaciones agrarias no se han hecho esperar. ASAJA asistió la semana pasada a la reunión convocada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre la llamada «mesa de diálogo para la coexistencia del lobo». Una cita que llega justo cuando la Unión Europea ha oficializado la rebaja del nivel de protección del lobo ibérico. A partir del 14 de julio, la especie dejará de estar en régimen de protección estricta, y su caza será legal también al sur del Duero por primera vez en más de treinta años, explica la organización.

ASAJA lamenta que el MITECO ha aprovechado este cambio para desligarse por completo del problema escudándose en que la competencia cinegética ha sido siempre del Ministerio de Agricultura. En la reunión con Hugo Morán, éste se ha limitado a señalar que es Agricultura quien tiene la competencia de la gestión de los daños, incluidas las indemnizaciones por ataques de lobos y conejos. «El resultado es que el asunto queda en el aire. Nadie concreta cómo ni cuándo se compensarán los daños. Y mientras las competencias se reparten entre despachos, el que vuelve a pagar el precio es el ganadero, que cada día pierde animales sin saber quién va a responder» por los daños, denuncia la organización agraria.

COAG, por su parte, acusa a la ministra para la Transición Ecológica y al secretario de Estado Hugo Morán de intentar desviar hacia los grupos conservacionistas los fondos que percibe el ganadero para afrontar los ataques del lobo. Al suavizarse la protección del lobo en España los responsables del MITECO «han tardado poco en pensar que los fondos comprometidos para medidas preventivas e indemnización por daños de ataques del lobo a los ganaderos ya no son tan necesarios. Planean, por tanto, destinarlos a estudios sobre la cohabitación del lobo y el ser humano, que lógicamente serían desarrollados por los grupos conservacionistas, partidarios de proteger al lobo, y a los que hay que compensar en tanto que mantienen el Gobierno de Pedro Sánchez», opina COAG, que añade que, en materia del lobo, «todo está ya estudiado y que si se tienen que hacer estudios que se hagan con recursos de otra procedencia, no con estos fondos comprometidos ya a los ganaderos».

Conservación.

Además, COAG denuncia la maniobra por la que el MITECO, en contra de lo que numerosas opiniones científicas mantienen, pretende sentar la idea de que el estado de conservación de la especie en España es desfavorable, ya que los datos del censo 2021/2024 arrojan una estimación de 333 manadas en el conjunto del estado, lejos de las 500 manadas que, según el Ministerio, asegurarían dicho estado favorable. Esto contrasta enormemente con lo que se hace en países vecinos como Francia, donde fijaron en 500 ejemplares de lobo el umbral que garantiza el mantenimiento de la especie, es decir, entre cinco y siete veces menos de lo que quiere imponer Sara Aagesen.

UPA sostiene que «el censo del lobo confirma que la especie está en expansión y que hay actuar para proteger a la ganadería extensiva». Esta organización cree que el incremento de manadas detectado por el censo conocido hoy demuestra que los lobos se expanden y los ataques al ganado crecen. «La ganadería extensiva vive una situación de grave crisis y el lobo es un problema en determinadas comunidades autónomas que debe ser gestionado».

Según cálculos de UPA, solo en Galicia, desde 2021 (año en el que se incluyó al lobo en el LESRPE) se ha multiplicado por tres el número de avisos y por dos el número de ataques, creciendo especialmente los ataques a animales grandes. La organización reclama no obstante información «transparente y oficial» sobre el número de ataques y daños sufridos por las explotaciones ganaderas, «ya que somos conscientes de que se han incrementado de manera notable en los últimos años», asegura UPA.

Para Unión de Uniones, «el MITECO tiene que ver de una vez que somos los ganaderos los que estamos sufriendo la expansión del lobo, soportando el coste que esto supone, porque las indemnizaciones en todos los territorios del Estado son totalmente insuficientes. Mientras desde las ciudades y despachos se vive en la nube del ecologismo ideal, sus decisiones nos empujan a las pérdidas económicas y la frustración de tener que aguantar ataques sin que nadie controle la especie».

Ahora, el Ministerio de Agricultura tendrá que mover ficha para apoyar a los ganaderos.