Una mujer mayor de 45 años, extranjera, con un salario bajo y condiciones laborales precarias. Ese es rostro de las trabajadoras de los cuidados en España, un perfil que se parece mucho «al retrato robot de la pobreza y la vulnerabilidad», como apuntan desde el Ministerio de Derechos Sociales.
Así lo muestra la radiografía realizada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, hecha pública ayer, y que plantea el reto de mejorar el empleo en los cuidados de larga duración a través de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad a las que el Gobierno dio luz verde la pasada semana para su tramitación parlamentaria.
La investigación identifica el perfil tipo de estas asistentas en el que más del 85 por ciento son mujeres, la mitad de ellas tiene más de 45 años y una de cada cuatro trabajadoras en centros residenciales es migrante, un porcentaje que se eleva al 70 por ciento en las empleadas del hogar que son foráneas.
En este sentido, Bustinduy subrayó que el «rostro» de una trabajadora de los cuidados «se parece mucho al retrato robot de la pobreza», en el que, además, se da la mayor incidencia de enfermedades laborales.
Desde las residencias, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, consideró que las reformas que quiere impulsar el Ejecutivo son una «declaración de intenciones sin respaldo real», pues le faltan «los recursos económicos y humanos necesarios para convertir estas intenciones en políticas efectivas».
España necesitará incorporar al menos 261.000 trabajadores más en 2030, para garantizar la atención a la dependencia y otros cuidados de larga duración, lo que supone un 53 por ciento más de profesionales.
La evolución demográfica prevé un alza de más de 400.000 personas dependientes en los próximos cinco años y habrá 1,2 millones más de españoles mayores de 65 años que en 2023.
Según el estudio, las nóminas en el sector son de media entre un 35 y un 38 por ciento inferiores al promedio nacional, lo que supone unos 10.000 euros anuales menos respecto al resto de empleos. Además, uno de cada cuatro contratos en residencias es temporal, y en los servicios de ayuda a domicilio solo el 60 por ciento es indefinido, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.
Por último, las condiciones laborales del sector tienen consecuencias directas en la salud de las trabajadoras. Las tareas que afrontan afectan a su salud física y emocional, con dolencias musculares crónicas. En 2023, los accidentes en residencias con baja laboral fueron un 75 por ciento mayores que los del promedio nacional, mientras que en los servicios sociales sin alojamiento, el exceso llegó hasta el 25 por ciento.