El atasco en los Juzgados se dispara después de una nueva jornada de huelga general de los funcionarios de Justicia en un conflicto que amenaza con prolongarse y que ya ha obligado a suspender unas 30.000 actuaciones judiciales en la provincia. A partir del lunes, si nada cambia, la huelga será indefinida ya que según apuntan desde CSIF, uno de los sindicatos convocantes junto CCOO, STAJ y UGT, «el Ministerio de Justicia no nos hace ninguna propuesta».
De los 45.000 funcionarios de Justicia en toda España, en la provincia de Cuenca hay 214 y el seguimiento de la huelga, que ya supera las doce jornadas, es del 70 por ciento. Los funcionarios de Justicia llevaron a cabo ayer una nueva jornada de huelga y hoy está previsto que se concentren también a las puertas de los juzgados de la capital a partir de las doce de la mañana.
Este conflicto está ocasionando un grave perjuicio porque se produce después de la huelga que protagonizaron los letrados de la Administración de Justicia. Para colmo los jueces y fiscales también amenazan con empezar una huelga que la semana pasada se terminó postergando hasta el día 22 de mayo.
Por ahora, tienen una propuesta encima de la mesa que implica incrementos medios de casi 450 euros al mes y revisiones anuales de las retribuciones. Este jueves está previsto que las asociaciones de jueces y fiscales, tras consultar a sus ejecutivas, respondan al Ministerio de Justicia en una reunión.
Mientras tanto, los funcionarios de justicia siguen a la espera de que se les convoque para una nueva reunión con el departamento que encabeza la ministra Pilar Llop que permita reactivar la negociación que se vio frustrada el pasado 24 de abril. «Esperamos que nos convoquen de una vez y no nos dejen los últimos», lamenta María Jesús Saiz, representante de CSIF. Por su parte, Lucas Sánchez, delegado de CCOO y miembro de la Junta de Personal de Justicia espera que «la semana que viene podramos tener una propuesta».
«Situación complicada». La solución al conflicto no está cerca y está generando perjuicios a los ciudadanos. El decano del Colegio de Abogados de Cuenca, Ismael Cardo, califica de «complicada» una situación que ha provocado no solo la suspensión de muchas actuaciones sino otros perjuicios porque «hay juzgados que no avisan a tiempo a justiciables y abogados de la suspensión». Por eso, Cardo espera que «la ministra dé con una solución», al tiempo que reclama que luego actúe con los abogados «para que se actualicen los baremos de justicia gratuita y abone todos los procedimientos en los que actuamos».