Se palpa en el ambiente estos días: un número creciente de españoles se muestran indignados por la quita de la deuda a Cataluña que va en el paquete del pacto de Pedro Sánchez con los independentistas. Con razón, claman autónomos o pequeños  empresarios, ahogados en sus cuentas, incapaces de afrontar unas deudas de las que nadie se hace cargo, nadie salvo ellos. ¿Qué motivo hay para que no se perdone la deuda a un trabajador que ha puesto todo su empeño en un emprendimiento y necesita un poco de fuelle para salir adelante y se conceda ese favor a una comunidad autónoma gobernada por malversadores?. La lógica del argumento es aplastante, y lógica la indignación que rezuma estos días en cualquier conversación captada en comercios o bares de nuestro territorio, porque quizá en Cataluña o el País Vasco lo ven de otra manera
Pero con ser grave este asunto, el de la amnistía lo es mucho más. Y se está comenzando a ver en una calle cada día más subida de tono, y veremos hasta donde llega ahora la última intervención de la Audiencia Nacional volviendo a la carga contra el prófugo Puigdemont. Está claro que al ciudadano medio lo que le afecta más, para bien y para mal, es aquello que le toca al bolsillo, pero la concesión de la amnistía tiene una calado moral de unas dimensiones que aún no podemos calcular en cuanto supone borrar el delito de un colectivo de personas que no solamente no se arrepienten  sino que argumentan que a partir de ahora, puesto que el Estado reconoce su error, se sentirán más legitimados para volverlo a hacer. El roto que se le va a realizar al corazón del Estado de derecho es de tal calibre que difícilmente podrá pasar desapercibido y es casi seguro que tendrá consecuencias a medio plazo. Las quitas de deuda están  a la orden del día en cualquier parte del mundo, pueden ser acertadas o erróneas, pueden suponer, como en el caso que nos ocupa, un agravio al resto de los territorios que integran una nación, pero decretar una amnistía a todo un colectivo en un orden democrático supone que el Estado se hace una enmienda casi a la totalidad como si no creyera en sí mismo ni en los valores que lo sustentan. A partir de ahí, cualquier tipo de desastre es previsible en lo referente al mantenimiento de nuestra democracia y sus instituciones.
El punto de quiebra es evidente porque  supone meter al Estado en  hibernación, un Estado que no cree en sus valores, que se autoinculpa, una auténtica locura de imprevisibles consecuencias.  El cuadro es estremecedor y solamente nos lo podrían vender con algo más de vaselina si el lado beneficiario del trueque adoptara una postura, aunque fuera falsa, de aceptar  algún tipo de encaje en el Estado, como aquello de los tiempos del pujolismo, aquel balanceo hipócrita del nacionalismo en su fase moderada de estar aquí y allá, en misa y repicando y siempre sacando
A partir de ahora, solamente la ciudadanía catalana, desprotegida en gran medida, será capaz de enviar a los independentistas a donde les corresponde, y a esa posibilidad se agarran los que desde posiciones honestas son capaces de ver algún sentido a la medida de Sánchez. Piensan que la amnistía consolidará la tendencia creciente del PSC y que el independentismo seguirá perdiendo posiciones electorales. Esto, en cualquier caso, será siempre una buena noticia pero no termino de ver la relación que pueda tener, si se produce, con una medida descabellada, oportunista y fuera de nuestro contexto constitucional. 
La amnistía es prácticamente un hecho, alcanzará dese Pujol y su mafia hasta el último peón de la violencia callejera de los CDR, pasando, claro, por Puigdemont, salvo que García Castellón, ya en conflicto abierto con la Fiscalía, que ya sabemos de quien depende, consiga lo contrario. La amnistía, en fin, establecería un borrado vergonzoso:  ni malversaron el dinero de todos los españoles para fines ilegales ni quebraron la legalidad democrática. Ahora son aliados, sostenedores de un Estado que quieren destruir. El punto de quiebra es evidente y mucha vaselina hay que meterle al relato para que entre. La calle se calienta.  Lo aceptan, sí, los independentistas y una parte de la izquierda. Es fundamental que en España se visualice otra izquierda posible, sino terminaremos siendo un país inviable o en un Estado autoritario