El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha aceptado este viernes participar en un "diálogo estructurado" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha citado para ello el próximo miércoles en Bruselas a una primera reunión al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.
Así se lo ha comunicado el propio Reynders a Bolaños y González Pons en una carta enviada a ambos en la que les informa de que acepta "implicarme en un diálogo estructurado con ustedes", según el texto al que ha tenido acceso Europa Press y ha confirmado en rueda de prensa el portavoz de Reynders.
"Este diálogo no deberá exceder los dos meses", avisa el comisario en su mensaje a los representantes del PSOE y PP en el que manifiesta su voluntad de contribuir a "resolver un problema que persiste".
El comisario propone que la primera cita tenga lugar el próximo miércoles por la tarde en Bruselas, precisamente un día ante de que en la capital europea se celebre una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE a la que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En rueda de prensa, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, ha confirmado que será Reynders el encargado de presidir este diálogo, que tendrá una duración máxima de dos meses, y con una primera reunión que se celebrará el próximo 31 de enero en Bruselas.
"La Comisión está lista para desempeñar su papel para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE", ha destacado el portavoz, a lo que ha añadido que la labor del Ejecutivo comunitario se basará en las recomendaciones formuladas en sus informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023.
En su comunicación con Bolaños y González Pons, el liberal belga explica que es consciente de los "graves problemas" que está causando el bloqueo en la renovación del órgano de los jueces, incluido cómo está afectando negativamente en el trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial "en su conjunto".
"El último intento de alcanzar un acuerdo entre los dos principales partidos políticos fracasó en octubre de 2022", dice el documento enviado por Reynders, que apunta, ha visto "declaraciones públicas de que los dos partidos políticos principales están dispuestos a volver a entablar negociaciones y ambos estarían de acuerdo con que la Comisión supervise el proceso".
Por ello, el Ejecutivo comunitario está dispuesto a "desempeñar su papel y garantizar el cumplimiento del derecho de la UE", su trabajo se basará en las recomendaciones formuladas en sus informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023.
Agradecimiento del Gobierno
El Gobierno ha agradecido este viernes a la Comisión Europea su rápida respuesta a la petición para que se implique en la negociación entre el Ejecutivo y el Partido Popular con el objetivo de sacar adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fuentes del Gobierno han señalado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya agradeció en persona en Bruselas al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, su respuesta para empezar a trabajar con urgencia para renovar el Poder Judicial con su ayuda, tal y como acordaron el pasado mes de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La primera reunión tendrá lugar el próximo 31 de enero, según ha confirmado el portavoz comunitario Christian Wigand en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. El comisario confirmó al ministro, según las citadas fuentes, que haría público hoy que la Comisión participaría en este proceso y trataría con la urgencia necesaria la negociación para la renovación del CGPJ.
Desde el Gobierno se insiste además en que la preocupación de la Comisión por el bloqueo del CGPJ es máxima, tal y como le ha expresado en distintas ocasiones, también ayer y hoy, el comisario Reynders al ministro Bolaños. El Gobierno cree que esta negociación debe ser la definitiva y reitera sus críticas al PP por el "bloqueo" del CGPJ durante más de cinco años, que está provocando "una crisis institucional" en el poder judicial y un "deterioro" del servicio público de justicia.