La semana pasada el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso que presentó Castilla-La Mancha contra el real decreto ley por el que se aprueba el reparto de menores migrantes en las comunidades autónomas. Hoy ha salido esta decisión publicada en el BOE, algo que valoró el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a preguntas de los periodistas. «Lo que pone de manifiesto es que el recurso está bien planteado», señaló. Otra cosa es lo que luego falle el Constitucional al respecto. «Admitirlo a trámite significa que al menos hay criterios susceptibles de ser estudiados», expuso, «el trabajo está bien hecho». 

Castilla-La Mancha no es la única comunidad autónoma que ha recurrido este decreto, argumentado sobre todo la invasión de competencias por parte del Estado y la falta de financiación para poder atender a los menores migrantes que tendrían que venir a la región. Tampoco es el único recurso que ha presentado recientemente Castilla-La Mancha contra decisiones del Gobierno de España. Ya cayó uno por la Ley de Aministía, que el Constitucional rechazó, y hay otro por los criterios de reparto del impuesto a la banca. 

Más Financiación. Desde el PSOE, la presidenta de la Ejecutiva provincial en Toledo, Tita García Élez, valoró que el recurso no trata de evitar la llegada de menores migrantes a la región, sino que pretende que vengan con más financiación por parte del Gobierno de España para poder atenderlos en condiciones adecuadas.

García Élez recordó que el reparto se hizo con una reducción del 80 por ciento de la financiación. Pese a ello, insistió en que desde la Junta se recibirán a los menores migrantes, en contraposición a las tesis de otros partidos: «A diferencia del PP, el PSOE y la Junta quiere acoger menores».