España lleva muchos años intentando que su tejido productivo alcance las mayores cotas de inclusión y rentabilidad en un mercado regulado, donde prime la legalidad y la competitividad para acabar con las altas tasas de economía sumergida que ha sufrido durante décadas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cierre del año 2022, se colocó en el 20% del Producto Interior Bruto Español (PIB) frente a la media europea del 13%.
En términos económicos, España cerró 2022 con un PIB de 1.328.922 de euros, lo que supuso que, dentro de este sistema opaco, se movieron 265.000 millones de euros que no pasaron por el fisco. La mayor parte correspondió a impuestos evadidos, así como a cuotas defraudadas a la Seguridad Social, según puso de relieve un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Los datos mostraron, además, las grandes diferencias que existen entre Comunidades Autónomas. Por ejemplo, se calcula que en Extremadura el porcentaje de esta irregularidad sobre su PIB sería de casi el 30%, frente al 16% que tiene la Comunidad de Madrid.
Se trata de un fenómeno que, lejos de decrecer, presenta una tendencia histórica ascendente. Así, en 2008, superó los 193.000 millones de euros; 233.000, en 2010; y un cuarto de billón de euros en 2012, hasta alcanzar la cifra actual.
Los economistas consideran que esta irregularidad tiene enormes repercusiones en el aspectos económicos, fiscales y laborales muy negativas y que, aunque no tributa en la Agencia Tributaria, sí que se contabiliza a efectos deProducto Interior Bruto.
Los miles de millones de euros que se mueven en este tipo de actividades sin declarar no colaboran en los gastos que el Estado dedica a sanidad, educación o, por ejemplo, a pensiones, y sus movimientos financieros se incluyen en los casos de evasión fiscal.
Trabajar en negro seduce a ciertos sectores de empresarios y de empleados puesto que para ellos supone un ahorro en concepto de impuestos y cotizaciones al llevar a cabo actividades de forma más económica que sus competidores en tiempos como los actuales dónde la inflación lo encarece todo.
Si se analiza el panorama por sectores, los negocios que más defraudan se encuentran en la construcción, servicios y hostelería. En ellos, un porcentaje importante de trabajadores carece de contrato laboral, cobra su retribución en B y su empleador no paga las cotizaciones a la Seguridad Social.
Asimismo, las elevadas cotas de desempleo que acompañan a la economía española desde hace décadas se verían reducidas notablemente si estas personas, que desempeñan su actividad profesional de forma irregular e ilegal, estuvieran dadas de alta, recortando la actual tasa de parados que se sitúa en el 13,1% actual frente a la media europea del 6,6%.
La ilegalidad que supone la economía sumergida impide trabajar con transparencia en actividades de cara al público en un sistema regulado con ventajas como estar asegurado ante un siniestro, la posibilidad de cobrar un subsidio de paro, otro tipo de ayudas o bien una pensión cuando llegue la jubilación.
Las diferentes campañas de la Agencia Tributaria y la efectividad de la Inspección fiscal han hecho que el miedo a estar incluido en la lista de morosos haya aflorado más de 180 millones de euros. El partido socialista rebajó la cifra del millón de euros que marcó el PP a 600.000 euros el importe pasivo para figurar en ese listado negro e incluyó, por primera vez, a los responsables solidarios de estas prácticas de evasión.
Grandes defraudadores
En este contexto, desde el sindicato de Hacienda, Gestha, apuntan que el fraude que causa el impacto más relevante se corresponde con la evasión de capital de las grandes fortunas, las multinacionales y las firmas de mayor tamaño. Entre los tres forman el grupo de los grandes defraudadores, con más del 73% del total, que puede llegar hasta un 75%. Mientras, las pequeñas y medianas empresas acaparan el 13%; los autónomos acumulan el 8% y los perfiles no empresariales, que aglutinan un 3%.