Un proceso con interrogantes
El aforamiento de Gallardo podría llevar el caso de un juzgado pacense a una instancia autonómica superior
La maquinaria judicial sigue su curso, pese a las insistentes voces en el PSOE que afirmaban que, en lo tocante a la familia directa del jefe del Ejecutivo, «no hay caso posible». Quedó patente cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que instruye el caso contra el hermano de Pedro Sánchez, confirmó la apertura de juicio oral contra él, el presidente socialista de la Diputación de Badajoz y otros altos cargos. Ahora, al músico le espera un proceso hasta que sea juzgado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la administración pacense en 2017.
Si nada cambia, David Azagra, como se le conoce profesionalmente en el mundo artístico, se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal de Badajoz y no en el de la Audiencia Provincial, dado que las penas a las que se enfrenta son menores a cinco años. Este tribunal será, a priori, el que decida si le haya culpable y qué condena le impone en su sentencia en ese caso.
Aunque todo puede cambiar si Miguel Ángel Gallardo finalmente adquiere la condición de diputado en la Asamblea de Extremadura y se convierte, con ello, en aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE). Este hipotético escenario abriría el camino a que el músico también sea juzgado por esta instancia autonómica superior por el carácter indisoluble de los hechos que a ambos se atribuyen.
El abanico de penas
La acusación popular pide tres años de cárcel, 12 años de inhabilitación y que devuelva el sueldo percibido
El hermano del presidente del Gobierno será juzgado por presunta prevaricación y tráfico de influencias. La acusación popular unificada pide para él tres años de cárcel, 12 años de inhabilitación para empleo público y, además, que devuelva el sueldo percibido desde 2017 con intereses.
Para el presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, solicita tres años de prisión, inhabilitación por 12 y 15 años y varias multas. De igual modo, para la diputada Cristina Núñez y los trabajadores provinciales, Elisa Moriano y Félix González, reclama una condena de 15 años de inhabilitación y multa de 32.400 euros.
En el caso de Juana Cinta Calderón, Emilia Parejo y Francisco Martos, funcionarias de la Diputación las primeras y exdiputado provincial el tercero, pide un año y seis meses de cárcel, multa del doble del beneficio de por David Sánchez e inhabilitación por seis años.
Para Luis Carrero, el exasesor de Moncloa contratado en el organismo provincial, solicita un año y seis meses de prisión, multa del doble del beneficio obtenido en su puesto y la devolución del salario.
Finalmente, a Ricardo Cabezas y Manuel Candalija, actual diputado de Cultura y director de este servicio, respectivamente, se reclama un año y seis meses de prisión, multa del doble del beneficio ingresado por Luis Carrero e inhabilitación por seis años.