La primera gran convocatoria de protesta contra los pactos de Pedro Sánchez con los partidos anticonstitucionalistas cerró ayer con la habitual guerra de cifras pero con la acreditación de que son legión los españoles que entienden que el ataque que se pretende perpetrar contra la igualdad y a la división de poderes es inaceptable. Era predecible la capacidad de arrastre por la horizontalidad del enfado, y era también previsible la respuesta del socialismo que emana de Ferraz.
Los populares centraron las críticas en el hecho de que Sánchez y todos sus emisarios territoriales acudieran a las urnas jurando sobre sus siglas que no habría concesiones ni siquiera asimilables a las que finalmente se han firmado. Ningún español votó amnistiar a los señalados por delitos de terrorismo, malversación y desórdenes. Tampoco la condonación de la deuda amasada por Cataluña mientras sus dirigentes jugaban a ser Napoleón. Nadie votó por abrir las puertas a un referéndum de secesión, por romper la unidad de la Seguridad Social o por discriminar abiertamente las inversiones en los presupuestos generales a conveniencia política. Cada vez que el PSOE dice que la situación actual es producto de lo votado en urnas, miente.
Lo mismo sucede con la versión, ya superada pero muy manoseada tras el 23-J, de la 'mayoría progresista'. No hay progreso alguno en los postulados de fuerzas políticas reaccionarias como el PNV, Bildu, ERC o Junts. Hay caspa, odio y muchas vergüenzas que tapar. Y es igualmente falso que no quepa más alternativa que volver a investir a Sánchez o entregar el Gobierno a Vox, como sostiene el PSOE. Las urnas están precisamente para que la ciudadanía se manifieste, pero siempre bajo el principio inviolable de saber qué está votando. Sánchez negó que haría todo lo que ha hecho y eso es un lastre del que no podrá desprenderse mientras dure su nuevo Gobierno, que será cautivo de las hipotecas nacionalistas y de personajes perseguidos por la acción de la Justicia.
Es esa la derivada más trascendente: la cauterización de la división de poderes que persigue el PSOE para satisfacer las necesidades, tan personales como las del presidente en funciones, de sus socios. Los españoles están hartos de soportar agravios presupuestarios y legislativos en favor de minorías que determinan el presente y el futuro de España, pero el borrado de la independencia judicial, al más puro estilo de un estado fallido, es algo que impedirá al PSOE el desarrollo de cualquier acción de Gobierno medianamente serena. Los jueces están en contra. Los fiscales están en contra. La UE está en contra. Las calles están en contra. Y muchos votantes socialistas que fueron engañados a votar, también