El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, está contra las cuerdas. El familiar del jefe del Ejecutivo está a un paso del banquillo de los acusados después de la investigación abierta contra él en relación a su nombramiento en 2017 como coordinador de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. En el auto de procesamiento, la jueza detalla cómo se habrían manipulado procesos administrativos para crear y adjudicar puestos «a medida», por lo que observó indicios de delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
En el documento, la magistrada expone y detalla la participación de él y de otros 10 altos cargos en dichos procedimientos, tanto de la plaza del familiar de Pedro Sánchez como de Luis María Carrero, quien antes de entrar en la Diputación pacense fue asesor en el Ministerio de Presidencia.
David Sánchez Pérez-Castejón
Aunque tenía conocimiento previo de que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, «se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del proceso», afirma la jueza en su auto de procesamiento.
«Habría utilizado influencia» en la Diputación para «obtener un beneficio propio» al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, «como el no tener que acudir diariamente a un despacho y dedicarse a la ópera». También la habría usado para conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la institución y pasara a auxiliarle directamente.
Luis María Carrero Pérez
Según el auto de la magistrada, habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.
Miguel Ángel Gallardo Miranda
Presidente de la Diputación de Badajoz. A juicio de la jueza, ostentaba la competencia para el nombramiento y cese del personal de Alta Dirección.
Es «inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del puesto que estaba destinado a ser adjudicado a David Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos».
Se interesó directamente, según la magistrada, por las fechas mínimas para la adjudicación del puesto e incluso «hablaban entre ellos los fines de semana».
Elisa Moriano y Cristina Núñez
Directora y diputada de Cultura en 2016 y 2017, respectivamente. Participaron directamente en la creación del cargo.
Juana Cinta Calderón
Encargada del Área de Recursos Humanos. Colaboró activamente en darle apariencia de legalidad formal a lo que se llamó cambio de nomenclatura del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Félix González
Intervino en la Comisión Asesora para la adjudicación del cargo y presuntamente tuvo conocimiento de que este se iba a adjudicar al hermano del presidente.
Emilia Parejo y Francisco Martos
Firmaron como directora y diputado de Cultura la propuesta de modificación del puesto en 2022.
Ricardo Cabezas y M. Candalija
Diputado Delegado del Área de Cultura y director del Área de Cultura de la Diputación pacense, respectivamente.
Intervinieron de forma directa, según la jueza, en la creación del puesto de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, así como en la propuesta de cobertura «inmediata y urgente» del mismo mediante comisión de servicios. «Dieron apariencia de legalidad de un procedimiento administrativo cuya finalidad real era la adjudicación directa del cargo a Luis María Carrero», según recoge el auto de la jueza.