Sin cámaras, sin antenas de repetición... Muchas personas se esfuman en el medio rural dejando un rastro casi invisible que dificulta su localización. Y es que, el campo es el principal enemigo al que se enfrenta la Guardia Civil en la investigación de una desaparición. Por eso, es muy importante que los familiares la denuncien desde «el minuto uno», igual que es esencial también que los agentes recaben información exhaustiva sobre el cuándo, la víctima y cualquier detalle que les ayude en la búsqueda para poder «tirar del hilo».

Así lo explica el capitán Daniel Arranz, de la Sección de Homicidios, Desaparecidos y Huidos de la Justicia de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Benemérita. Según los datos registrados por el cuerpo en el último año, hubo alrededor de 10 denuncias diarias por desaparición. Más de la mitad -un 57 por ciento- se referían a menores en centros de acogida y, de ellos, siete de cada 10 eran chicas.

Independientemente de estos casos, que también engordan las cifras de denuncias en otras policías, la Guardia Civil se enfrenta a desapariciones voluntarias o involuntarias que requieren un despliegue de medios para suplir los que sí ayudan a la investigación en el entorno urbano.

La ausencia de cámaras o de antenas de repetición y los escasos testigos en zonas muy despobladas dificultan un rastreo que se compensa con el uso de drones, perros, helicópteros y otros medios para realizar batidas en las que, además, suelen participar vecinos voluntarios.

«La gente se vuelca» en la búsqueda, pero su participación requiere mucha organización, como advierte el capitán Arranz. .

Climatología

Otro factor que se convierte en un enemigo más para la localización con vida del desaparecido en el campo es la climatología, crucial en el caso de las personas con deterioro cognitivo, generalmente de edad avanzada, que se pierden y a quienes el frío o el excesivo calor les puede provocar la muerte.

La Benemérita investigó el pasado año 96 casos de este tipo, lo que representó un 2,4 por ciento de las casi 4.000 desapariciones computadas en el territorio competencia del Instituto Armado.

Dentro del capítulo de desapariciones involuntarias se sitúan, además de esas 96, otras 16 por accidentes y 148 sin causa aparente, esa especie de cajón de sastre donde se incluyen aquellas cuya motivación se desconoce o no existen indicios suficientes sobre la ausencia. Ante la duda, explica el capitán de la UTPJ, «las clasificamos como involuntarias».

Como voluntarias (el 92 por ciento del total) se clasifica a las más de 2.200 denuncias de desapariciones de menores en centros de acogida en el último año y los 486 huidos de sus casas. También están catalogadas así las 853 denuncias de desaparición de adultos por ausencia intencionada.

A estos a veces se les localiza, pero si la persona no quiere que los agentes den explicaciones a sus allegados de su situación actual, simplemente les comunican que su familiar está vivo.

Desde la puesta en marcha del Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior, también se localiza a desaparecidos «de larga duración» al cruzarse las bases de datos oficiales. 

Asimismo, según los informes de la Benemérita, son nueve las denuncias de desapariciones forzosas en el ámbito delictivo, como crímenes o secuestros. Apenas representan un 0,2 por ciento sobre el total.

Una cifra más alta es la de denuncias por sustracción de menores, con 42. Más de la mitad, apunta el capitán Arranz, son niños que uno de sus progenitores se ha llevado fuera de España sin el consentimiento del otro. De las 27 sustracciones aún activas, es decir las que aún están en investigación, ocho tendrían como destino del menor Rumanía, cuatro EEUU y otras cuatro Marruecos. El resto se repartirán entre Francia, Ecuador, Brasil, Portugal, Italia, Argentina y Colombia.

Para la localización de estos menores existen dos vías: la penal y la civil. En la primera, los obstáculos para la investigación puede ponerlos el país de destino, si no considera estos hechos como delito, lo que interfiere a la hora de emitir una orden de detención.

Respecto a la vía civil, el capitán recuerda que se lleva a cabo bajo el paraguas del Convenio de La Haya de Restitución de Menores, al que están adheridos más de un centenar de países.

Familias y asociaciones

La Guardia Civil mantiene activas 576 desapariciones, de las cuales 456 son de hombres. Y del total, la gran mayoría, 438, son menores. Investigaciones en las que sigue trabajando el Instituto Armado, en colaboración estrecha con las asociaciones de desaparecidos y de las familias.

Con estas últimas, la Benemérita mantiene un continuo contacto y prefiere que siempre sea con un mismo interlocutor, tanto de los allegados como de la propia unidad investigadora.

Precisamente, el incansable trabajo de la sección de la UTPJ en la que trabaja Arranz ha sido reconocido recientemente por la Fundación Europea por las Personas Desparecidas QSD Global con el premio a La mejor intervención policial.