El Gobierno tenía muy bien definida una de las misiones a cumplir en lo relativo al mercado de trabajo. El objetivo era romper con la inestabilidad laboral en el seno de la Administración Pública y evitar la temporalidad entre aquellos servidores públicos que podían encadenar un buen puñado de años sin disponer de una plaza como tal. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que establece una serie de medidas urgentes para poner freno a esa situación ha generado un movimiento de placas tectónicas en infinidad de instituciones y en todos los ámbitos. Hay que actuar y más pronto que tarde. Una norma que ha cristalizado en el mayor intento por parte del 'papá' Estado para reducir las –en muchas ocasiones– insufribles tasas de interinidad que castigan la seguridad laboral de los que se encargan de que el engranaje del sistema funcione.
De esta forma, «y para cumplir con lo que dice la ley», el Ayuntamiento y la Diputación tendrán que estabilizar en torno a un centenar de plazas que hasta la fecha han desempeñado trabajadores temporales. En el caso de la administración local la cifra exacta es 31, mientras que en el de la provincial ese cantidad asciende a 70. El Consistorio cuenta en este momento con 524 empleados públicos y con esta estabilización reducirá la tasa de temporalidad del 11,5 por ciento al 5,5. Diputación, por su parte, con 410 empleados en todas sus áreas competenciales, hará descender la tasa del 31 al 15,4 por ciento.
Así todo, la hoja de ruta de la institución de la Plaza Mayor pasa por regularizar 12 plazas de funcionarios y 11 más de personal laboral en el propio Ayuntamiento, y cuatro, dos y dos de funcionarios, respectivamente, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Patronato de Promoción Económica y el Instituto Municipal de Deportes. En el caso de la institución ubicada en la calle Aguirre, 66 son funcionarios y cuatro personal laboral. De los 70 totales, 64 pertenecen a la Diputación propiamente dicha y seis al organismo autónomo de gestión tributaria y recaudación.
Los servicios de Personal tanto del Ayuntamiento como de la Diputación se encuentran en este momento inmersos en el proceso de elaboración de las bases de convocatoria, que se negociarán con las diferentes representaciones sindicales. Hay que destacar que la aprobación y publicación de la convocatoria para cubrir estas plazas de estabilización debe materializarse antes del próximo 31 de diciembre y la resolución definitiva antes de que finalice el año 2024.
Tal y como estipula la normativa, las plazas se ocuparán mediante concurso-oposición cuando se encuentren desempeñadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. De la misma forma, lo serán mediante concurso de méritos cuando hablemos de funcionarios de larga duración, y es porque esas plazas hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016.
El concurso-oposición contempla la celebración de una o más pruebas para determinar la capacidad y actitud de los aspirantes; mientras en el concurso se califican los méritos acumulados.
un paso adelante. La concejal de Personal del Ayuntamiento, Saray Portillo, destaca que este paso al frente «excepcional» es «necesario» porque es «importante» reducir la interinidad en el empleo público. «Todas las administraciones deberían tener ofertas de empleo público anuales para que la temporalidad no se perpetúe en el tiempo», subraya, y es que «puede haber una comisión de servicio, por ejemplo, pero lo que no debería ser es que haya gente que esté de una manera temporal en una plaza durante 20 años». Por esa razón, celebra que en la comparativa con otras administraciones locales, «incluso de municipios más pequeños» que Cuenca, «se ha hecho bastante bien porque el número de plazas que se van a estabilizar no es muy elevado».
Su homólogo en la institución provincial, Carlos Muelas, recuerda que todo parte del «compromiso» que adquirió el Gobierno de España con la Unión Europea para recibir los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que es una noticia muy positiva, pues «la temporalidad es una problemática de todas las administraciones». Con esto, argumenta, «la Diputación gana trabajadores fijos, y éstos a su vez ganan una estabilidad dentro de su carrera profesional y en su situación personal».