E l porcino alcanzó el año pasado una producción de 5,5 millones de toneladas por valor de 11.000 millones de euros, cuenta con más de 86.000 granjas, genera unos 170.000 empleos directos y exporta al año tres millones de toneladas entre carnes y elaborados que suponen más de 8.000 millones de euros. Con esos datos en la mano, se trata sin duda del sector más importante de la actividad ganadera. Pero además de por esas cifras, es importante por su papel en la ocupación del territorio y su impacto indirecto sobre la economía rural, además del efecto indirecto sobre otros sectores económicos de los pueblos, donde hay implantadas más de 2.000 pequeñas y medianas industrias de la carne que dependen del sector.

Tras años de permanente crecimiento y aunque aún hoy se mantiene como el primer productor en el marco de la Unión Europea, el sector ha sufrido en el último año un ajuste en su actividad por primera vez en la última década, al igual que ha sucedido en el resto de países comunitarios productores. Este hecho ha ido acompañado de un incremento registrado en los precios, que llegaron a alcanzar cifras récord al superar los dos euros por kilo.

En el censo de la cabaña hubo un ligero recorte el año pasado, de 31 a 30,6 millones de cabezas. El número de animales sacrificados también descendió hasta los 51 millones frente a los 56 millones de años anteriores (una merma del 9%). Y en el volumen de carne el descenso ha sido del 7% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior para situarse en 1,33 millones de toneladas. En conjunto, la producción anual de carne ha pasado en los últimos ejercicios de 5,5 a unos 5,1 millones de toneladas y hoy se da por estabilizada en el entorno de los cinco millones

A pesar de esa evolución de las cotizaciones, desde la organización sectorial Anprogapor su responsable Miguel Ángel Higuera considera que se trata de una actividad sometida ya hoy a múltiples amenazas, además de otras a tener en cuenta a corto plazo. Por esa razón estima que es indispensable la puesta en marcha de un plan nacional para defender su viabilidad, tanto desde la perspectiva medioambiental como de bienestar animal y económica, si se pretende seguir liderando los mercados. Ese plan debería abordar de forma conjunta todos los problemas y amenazas que afectan a la actividad y, sobre todo, aportar soluciones.

Como en el resto de las actividades ganaderas, el porcino ha sufrido el fuerte incremento de los costes de producción fundamentalmente por el impacto de los precios de las materias primas para la alimentación, pero también por el uso de los productos zoosanitarios o de la energía, clave para los procesos de cría en las granjas. El sector estima ese incremento de costes en más del 50%.

En medios ganaderos preocupan los brotes en otros países comunitarios de peste porcina, pero en materia de sanidad y seguridad animal preocupa sobre todo el celo que mantiene en muchos casos la Administración en el empleo de los antibióticos para el tratamiento de las enfermedades más comunes. Por ese motivo, se estima que, en muchos casos, no se aplican estos medicamentos como se debería, provocando más bajas de las normales en la cabaña con los consiguientes efectos sobre la rentabilidad de la actividad, incrementando los gastos y reduciendo las producciones.

El futuro

Con la mirada puesta en el medio plazo, preocupan en el sector las próximas disposiciones de las autoridades comunitarias sobre bienestar animal previstas para finales de este año por las que los ganaderos de porcino tendrán dos opciones. Por un lado, reducir el número de animales en la explotación para que cada uno disponga del nuevo espacio reglamentado, tanto en madres como en animales de engorde, con lo que ello supone de mantener prácticamente los costes fijos, pero con una importante reducción en la cantidad de animales en la explotación. La otra alternativa es ampliar las instalaciones para criar los mismos animales con lo que ello conlleva de nuevas inversiones por cada nueva plaza; además, no hay que dar por hecho que sea posible la concesión de una licencia para este tipo de obras en territorios donde generalmente no existen posiciones favorables para agrandar estas explotaciones ganaderas.

En ese contexto, para mantener el sector a la cabeza de las producciones ganaderas en España y en el conjunto de la Unión Europea se consideran indispensables políticas de apoyo públicas para todo el proceso de cambios que se debe llevar a cabo, lo que implicaría la posibilidad de disponer de los fondos comunitarios que llegan a otras actividades económicas para impulsar otras granjas de acuerdo con las nuevas exigencias. Desde esta perspectiva, el sector se considera como una actividad marginada para la que se pide una respuesta global acorde con su peso y papel social y económico en una España despoblada.

En el sector preocupa además, a la hora de acometer esas ampliaciones en las actuales instalaciones para la construcción de otras nuevas, la corriente en contra que existe en algunas zonas por su impacto medioambiental.

Por parte del sector se entiende que este tipo de explotaciones pueda provocar rechazo entre los habitantes de un territorio por temor a los olores y a los vertidos. Pero, con las actuales tecnologías y exigencias a la hora de construir una explotación, esos riesgos se minimizan con un tratamiento adecuado de los residuos en las propias granjas, transformándolos en energía    -biogás- para las propias instalaciones u obteniendo abonos naturales para su empleo en la agricultura, evitando todo riesgo de contaminación del medio.

Desde esta perspectiva, un tratamiento adecuado de los residuos, algo que en muchos casos no se ha hecho provocando la contaminación de las aguas subterráneas, es un apoyo para la agricultura y habría evitado en muchos casos el deterioro de la imagen de las granjas ante la opinión pública por vertidos irresponsables. Que haberlos, los ha habido…