La presidenta de la comunidad Autónoma de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a desmarcarse de las directrices de su partido e incluso de la decisión expresa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no instar a la ilegalización de EH Bildu, por considerar que la propuesta no tendría ninguna virtualidad y no podría llevarse a cabo con la ley de Partidos y la ley Electoral en las manos. A Díaz Ayuso esa reflexión adoptada con el concurso de los asesores jurídicos de la calle Génova le da lo mismo. Ella está en la misma línea de Vox que quiere a los independentistas vascos desaparezcan de la vida política allí y en todas las instituciones. Lo hace porque su intención es emular al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que obtuvo la mayoría absoluta desterrando a la ultraderecha de su gobierno. Ayuso roza esa posibilidad y de ahí que trate de confundirse con Vox. Si no logra la mayoría absoluta, tendría que negociar con Vox que esta vez no está dispuesto a quedarse fuera de un gobierno regional de tanto relumbrón como el madrileño.
Los deseos y el interés de Ayuso por la ilegalización de EH Bildu ha chocado también con las dos decisiones adoptadas por la fiscalía de la Audiencia Nacional, y sobre todo por la Fiscalía General del Estado, que han subrayado la imposibilidad de ilegalizar a este partido político en un contexto del fin del terrorismo aunque presenten candidatos que han sido condenados por actividades terroristas pero que tiene cumplidas sus condenas y la penas de inhabilitación. Lo importante del informe de la Fiscalía General es que ha sido redactado por dos fiscales de sala, y uno de ellos, para que no haya dudas sobre su imparcialidad, ha sido Antonio Narváez, exmagistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del TC, actualmente fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y uno de los fiscales que en la cena 'discreta' que un grupo de ellos, de carácter conservador, mantuvieron con el presidente del PP hace unas semanas manifestó su esperanza de que el PP ganara las elecciones generales, y que durante su intervención calificó de filoetarras a EH-Bildu. Ahora considera que se trata de un partido democrático y que no vulnera las leyes.
Estas decisiones tendrían que ser suficientes para que el debate jurídico sobre la ilegalización de EH Bildu terminara de raíz, aunque permanece viva la intención del PP de tratar de modificar la Ley Orgánica del Régimen General Electoral para endurecer las condiciones de los candidatos a presentarse a unas elecciones e impedir que lo hagan quienes hayan sido condenados por terrorismo. Para lograrlo el PP y Vox deben contar con mayoría absoluta en el Congreso, -no lo hicieron en el primer mandato de Mariano Rajoy, y aún así, se trata de una iniciativa que presentaría dificultades constitucionales.
Tras la rectificación a medias de EH-Bildu con los candidatos con delitos de sangre, tras las decisiones de la Fiscalía sobre la imposibilidad de ilegalizar a este partido, tras el pasado de acuerdos entre la formación abertzale y el PP en el País Vasco, tras los lamentables excesos verbales a los que se ha asistido en los últimos debates parlamentarios, todo ello tendría que ser suficiente para que la campaña electoral volviera a ocuparse de los problemas de los ciudadanos. Empeño inútil: una ETA inactiva desde hace doce años sigue siendo munición electoral.