La batalla por el control del Banco Sabadell ha entrado esta semana en una fase definitiva, llena de líneas rojas e incertidumbres que se suman a todos los obstáculos que ha encontrado el BBVA para sacar adelante esta operación. La decisión del Gobierno de una fusión en diferido ha dejado en el aire la opa hostil lanzada hace ya más de un año por la firma vasca ante unas exigencias muy severas que ponen en peligro su materialización y deja vía libre a que se judicialice antes de que los accionistas del grupo financiero catalán emitan su voto.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impuesto congelar la fusión al menos tres años, ampliables a cinco, prohibiendo despidos, cierres de oficinas y cualquier intento de integración real durante ese período. Una especie de sí, pero no, que complica los planes del BBVA y deja en suspenso la operación. 

En este escenario, la última palabra ya no es del Ejecutivo, sino del consejo de administración del BBVA que ha declarado que está sopesando todos los escenarios, incluso, retirar la opa antes de que los accionistas del Sabadell decidan con su voto si aceptan el canje de acciones propuesto y abren la puerta a una integración que, ahora, se demora a años vista. Mientras tanto, la filial británica TSB queda atrapada en un limbo estratégico por el deber de pasividad que se exige y su eventual venta puede ser el detonante final para que la entidad que preside Carlos Torres dé marcha atrás. 

La pugna ya no es solo financiera, se ha ampliado a los ámbitos institucional, jurídico y hasta europeo. Y el desenlace, como en las grandes historias, dependerá de un análisis complejo de ventajas y desventajas que puede llevar al BBVA a buscar otras opciones más provechosas para sus intereses y accionistas. 

La oferta, anunciada el 30 de abril, valoraba al Sabadell en unos 12.281 millones de euros, proponiendo un canje de una acción de su compañía por cada 4,83 de la entidad catalana, lo que suponía una prima del 30% sobre el precio medio de cotización de los tres meses anteriores. La entidad que dirige Josep Oliu rechazó la propuesta por considerar que estaba infravalorada, lo que llevó al banco vasco a lanzar una opa hostil, la primera en el sector financiero español en más de dos décadas.

El fallo del Gobierno choca de frente con el aval que ha recibido la opa de los supervisores más relevantes: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); el Banco Central Europeo (BCE); el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya el pasado mes de abril emitió un dictamen favorable con condiciones. 

Bruselas ha advertido en dos ocasiones, la última después de conocer la decisión del Ejecutivo español, asegurando que utilizará «todo su poder» para eliminar cualquier restricción que atente contra el principio de libre mercado, lo que puede hacer que el proceso se judicialice.

Cesión al independentismo

En el plano político, el fallo del Gobierno ha sido interpretado por la oposición como una cesión a las exigencias de sus socios independentistas catalanes. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, acusó a Sánchez de actuar «únicamente para proteger los intereses del PSC y de Salvador Illa en la Generalitat», que pretende impulsar la reindustrialización y atraer de nuevo a las más de 3.000 empresas que se deslocalizaron de Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-O en 2017.

Asimismo, desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Presidencia, Ángel García Martín, denunció que las líneas rojas impuestas por Sánchez son un peaje al independentismo catalán.

Por su parte, la patronal catalana Pimec y el Cercle d'Economia habían manifestado su rechazo frontal, alertando del impacto sobre la estructura empresarial de su región y la posible pérdida de una sede bancaria histórica para ellos.

Asimismo, Carles Puigdemont consideró que las líneas rojas fijadas por el Gobierno central «no son lo bastante contundentes» y criticó que Pedro Sánchez debería haber ido más lejos para impedir la operación.

La clave, antes de que el BBVA se pronuncie sobre si retira o no su opa, tiene que ver con lo que diga ahora la Comisión Europea sobre esta forma de actuar del Gobierno y corrija su decisión de esperar tres años a que se produzca la fusión saltándose las leyes de mercado libre que imperan en la UE y que, además, está por la labor de fortalecer el sistema bancario con grupos más potentes.