El pleno del Congreso dio ayer luz verde al decreto de universalización de la sanidad, el cual devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles, al ligar la titularidad del derecho a la salud a la condición de ciudadanía y no de asegurado.

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, que votó en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo a pesar de que su portavoz había anunciado que iban a votar a favor, apoyaron la convalidación del Real Decreto Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio. Asimismo, estos partidos secundaron prácticamente por unanimidad que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá incorporar sus aportaciones.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, defendió la urgencia para utilizar la fórmula del real decreto, la misma que usó el Gobierno del PP en su reforma sanitaria de 2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a los sin papeles y que ahora queda parcialmente derogada.