Utilizando el paralelismo que muchos usarán en estos meses estivales, se puede decir que el viñedo de la región, lleva varios años inmerso en una 'operación bikini', una dieta para no engordar la superficie de viñedo o, al menos, para incrementarla lo menos posible. 

Se trata de una receta voluntaria que está aplicando el propio sector debido a la «crisis de precios» que, según las organizaciones agrarias, están sufriendo los viticultores, de manera que están conteniendo el crecimiento del sector para no elevar la superficie productiva y no rebajar aún más el importe que se paga por la uva. «Es una manera de marcar la coherencia del sector, porque los precios no están boyantes y en algunos casos se está arrancando viñedo», detalla el gerente de Asaja Ciudad Real, Agustín Miranda, quien agregó que sería «ilógico» que el sector pidiera plantar más viñas mientras que otros están abandonando las explotaciones por falta de rentabilidad. 

El resultado de todo ello es esta 'dieta' que supone un mecanismo de regulación del sector «a medio y largo plazo». Así se refleja en los datos de autorización de nuevas plantaciones de viñedo:472 hectáreas en el conjunto de la región,  según los datos facilitados por la Consejería de Agricultura a La Tribuna.

La provincia de Ciudad Real seguirá liderando el crecimiento del sector del vino, con 176 hectáreas, pero a años luz del ritmo que le imprimía hace un lustro:en octubre de 2020 se autorizaron más de 1.100 hectáreas de vid solo en esta provincia. Se sigue de esta forma la tendencia de los últimos años, que es la de echar el freno a las nuevas plantaciones, dando luz verde a solo el 0,1% de la superficie total de España. Así, en el conjunto del país esta cifra no llegará este año a las 1.000 hectáreas: 914.

Por provincias, Albacete como la segunda con más autorizaciones en Castilla-La Mancha, con 117 hectáreas; seguida de Cuenca, que está demostrando su empuje en el sector en los últimos años, también con la calidad de los vinos; y de Toledo, que en este caso será la provincia que menos crecerá en superficie, con solo 64 hectáreas. 

Para el portavoz nacional de la sectorial de Vino de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Alejandro García-Gascó, esa contención «demuestra la realidad de la situación de crisis» de los agricultores, cubriendo no obstante las peticiones para contar con pequeñas o medianas explotaciones. 

«No vamos a estar satisfechos hasta que estas 472 nuevas hectáreas, junto al resto de las que hay, tengan rentabilidad para los agricultores», por lo que lanza un aviso a navegantes: van a reclamar «precios dignos» de la uva para esta vendimia. Para García-Gascó, la industria, «que nunca se ve saciada», no tiene motivos este año para ofrecer precios bajos, ya que «no hay excedentes de vino y el consumo y las exportaciones se mantienen más o menos igual». 

Ley de la cadena. Igual de tajante fue Agustín Miranda. «Vamos a pedir que los precios estén por encima de los costes de producción, como dice la Ley de la Cadena Alimentaria». Se trata de una reivindicación que tienen que sacar a la palestra una y otra vez cada vez que se publican las primeras tablillas de precios en la vendimia, cuando suelen chocar los intereses del sector productor, los agricultores; y la industria, las bodegas y cooperativas.