La mayoría de castellanomanchegos darían su aval a grandes acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular a nivel nacional. Un pacto PSOE-PP para reformar el modelo de financiación autonómica tendría el benepláctio del 78,4 por ciento de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Ya no es una prioridad únicamente de los gobiernos autonómicos, como demostraron en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en Barcelona, es ya una necesidad para la mayor parte de la población. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insistido en varias ocasiones en que el cambio del sistema de financiación de las comunidades autónomas es una prioridad, y los castellanomanchegos ven con los mismos ojos esta necesidad.

El 34,7 por ciento considera 'muy prioritario' que los de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sienten para llegar a un acuerdo en esta materia; el 43,7 por ciento cree que es 'prioritario' un acuerdo entre ambas formaciones. Sin embargo, el 21,1 por ciento lo ve como 'poco' o 'nada prioritario', según el último barómetro del CIS sobre 'Calidad de la democracia'.

La reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas es una cuestión compleja que ha suscitado críticas desde todos los ámbitos. Los 'populares' critican el trato «privilegiado» que se ha dado a algunas comunidades autónomas como Cataluña, ligado a las concesiones en materia fiscal de dicha región. Castilla-La Mancha se ha sumado a este reproche al Gobierno central, aludiendo que la región no quiere ser «ni más ni menos» que ninguna otra.

Los socialistas han comentado en alguna ocasión que el nuevo modelo de financiación contemplara la «singularidad» de los territorios. Este concepto ha sido censurado por el PP al considerar que beneficiará «al independentismo» en detrimento de otras comunidades autónomas. Los de Feijóo han argumentado que prefieren otros términos como la «ordinalidad»; es decir, quienes más aportan recibirán cierto porcentaje asegurado de recursos.

Desde el Gobienro de Castilla-La Mancha son contundentes con esta propuesta. La singularidad debe atender a factores como la extensión del territorio y la dispersión de la población, en ningún caso debe rendir cuentas por la lengua, el código postal o la renta de sus habitantes. En cuanto a la ordinalidad, rechazan profundamente este concepto, ya que supone romper con el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española. Apuestan por la definición de solidaridad entre los territorios y de equidad para que todos los ciudadanos puedan obtener los mismos servicios públicos.

Un baremo para un posible cálculo de la financiación autonómica puede ser el que se empleó con la quita de la deuda autonómica. El índice de población ajustada calcula la cantidad de recursos que necesita una comunidad autónoma teniendo en cuenta más variables que el número de habitantes de una región.

La dispersión geográfica de Castilla-La Mancha, la baja densidad de su población y un elevado número de personas mayores han hecho que la región sea una de las que más cantidad de deuda se reestructurase por parte del Estado. En este sentido, el Ejecutivo castellanomanchego ha mostrado su satisfacción por este tipo de cálculo, ya que lo considera «más justo» que atender únicamente al número de residentes en una comunidad autónoma.