Castilla-La Mancha tiene 15.688 millones de deuda, una cifra que supera a todo el presupuesto que tiene la Junta para funcionar durante un año completo. Eso supone el 31,2 por ciento de su Producto Interior Bruto, es decir de lo que produce la economía regional, siendo así el segundo porcentaje más alto del país, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y prácticamente empatando con Cataluña. Casi lo más curioso es que la mayor parte de esa deuda que tiene la Junta es con el Estado. En concreto suman 11.759 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, que es un mecanismo que puso el Gobierno de España para facilitar financiación a las autonomías. En Castilla-La Mancha, por tanto, casi el 75 por ciento de su deuda está en manos del Estado.
El consejero de Hacienda,Juan Alfonso Ruiz Molina, ha insistido varias veces en que un porcentaje importante de la deuda que tiene Castilla-La Mancha se debe a que la región sale perjudicada del sistema de financiación autonómica. A la región no le llegaría del Estado dinero suficiente para costear los servicios a una población que está muy dispersa entre ciudades medianas y pueblos de las zonas rurales.
Esta teoría que esgrime Castilla-La Mancha se vería avalada por el último informe que ha realizado el centro de estudios BBVA Research sobre el endeudamiento de las comunidades autónomas. El informe apunta a la cantidad transferida tan «desigual» del FLA entre comunidades autónomas. Por ejemplo, si Castilla-La Mancha está por encima de los 11.000 millones, Andalucía supera los 24.000, Comunidad Valenciana está en los 47.000 y Cataluña en los 71.000. Sin embargo en Castilla yLeón no llega a los 2.000 millones, en Galicia son unos 2.500 y en Extremadura 2.700. El estudio de BBVAResearch apunta que «si existe un problema de financiación de los servicios que brindan los gobiernos regionales, esto debería abordarse a través de acuerdos que garanticen los ingresos necesarios para mantenerlos». En otras palabras, el FLA no puede ser un parche para regiones infrafinanciadas.
Además BBVA Research apunta los problemas que se están perpetuando con este mecanismo. Advierten de que el diseño del FLA «fomenta la dependencia del Estado», lo que «puede debilitar en un futuro la disciplina fiscal y desincentiva la implentación de reformas». Lamentan que esa dependencia del Gobierno de España puede llevar a los gobiernos autonómicos a estar «más enfocados en mantener una relación política estrecha para asegurarse un flujo constante de fondos o en trasladar los problemas de financiación al nivel superior de gobierno, antes que en buscar recursos entre sus propias fuentes de financiación».