Las sospechas de irregularidades que afloran cada día en el voto por correo en la Ciudad Autónoma de Melilla van camino de convertirse en uno de los casos más llamativos de la perversa utilización de este método que se ha hecho en esta zona durante demasiado tiempo. La cantidad ingente y nada justificada de solicitudes de papeletas para anticipar el sufragio hizo saltar las alarmas a las administraciones. Desde la cita electoral de hace cuatro años a la actual, el porcentaje se ha doblado, hasta llegar al 20% para el 28 de mayo, siete veces superior al del resto de España, que se sitúa en el 3%.
Pero como se ha recordado en estos días, los temores por un fraude continuado en los comicios melillenses ha sido una constante. El largo historial tuvo su cúspide en 2008, cuando se inhabilitó al presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, partido en el que también milita uno de los detenidos en el día de ayer, miembro del Gobierno de la ciudad autónoma. Hace 15 años se investigaron ya a 40 personas por posibles delitos de malversación y prevaricación. Antes se ofertaban puestos de trabajo en los planes de empleo; ahora se ofrece dinero por la compra de un voto, de 100 a 150 euros.
Esta modalidad de participación ha estado de forma histórica en el ojo del huracán en todos los sistemas democráticos. En mayor o menor medida, las suspicacias han surgido allí donde ha sido determinante por su amplia generalización y el voto por correo ha permitido volcar resultados electorales. En España hay tres fases claves para ejercer esta modalidad de sufragio: primero, la solicitud; luego, la entrega de la documentación; y el último, el momento de depositar el voto en una oficina de Correos. En las dos primeras se exige la identificación con el DNI. Sin embargo, en el último paso, el más importante, en el mismo grado de cuando se está delante de la urna de forma física, no se requiere. Y es ahí donde se abre una rendija para que intervenga la manipulación de aquellos que buscan modificar las papeletas.
Estos continuos fraudes en Melilla, que se replica en localidades pequeñas en el resto del territorio español, aunque sin investigaciones de por medio, ejemplifican una falla a atajar en la Ley orgánica del Régimen Electoral General, la Loreg. Como medida preventiva, el Gobierno ya ha pedido que cualquier voto por correo en Melilla que se vaya a depositar deberá exigirse identificación previa. De cara a próximos comicios, urge solventar esa laguna en la normativa que, además de facilitar y ayudar a la participación a distancia, también proporciona herramientas a los defraudadores para torpedear la democracia.