Cuando el presidente del Gobierno se presentó en el Congreso esta semana, lo hizo para enfrentar un momento político extremadamente delicado. La cada vez más alargada sombra del caso Cerdán y las cada vez más numerosas investigaciones por corrupción en el PSOE obligaron a Pedro Sánchez a dar explicaciones públicas en la Cámara Baja, recibiendo a cambio un tirón de orejas pero, lo más importante, una prórroga por parte de sus socios, los únicos que tienen la llave para cerrar la puerta de esta legislatura.
Tras lo vivido en el Congreso, quizá hubo quien pensó que el plan de 15 medidas contra la corrupción que expuso Sánchez fue suficiente para convencer a quienes facilitaron su investidura como presidente del Gobierno de dar continuidad a la legislatura. Se equivocó. Ayer se conoció el verdadero y elevado precio a pagar por todos los españoles con el anuncio de un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para cederle parte de la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF. Es imposible no leer esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, que en la práctica supone un paso significativo en la fragmentación del sistema tributario español, como una transacción política entre el socialista y sus socios. Un «vosotros me dais estabilidad, yo os doy una nueva competencia», en el que poco importa que la negociación bilateral en materia fiscal con una comunidad autónoma sin contar con el resto del Estado, socave el principio de igualdad entre ciudadanos.
El IRPF es el gran impuesto que financia servicios esenciales como la sanidad o la educación y ceder su gestión, aunque sea de forma parcial, a una sola región abre la puerta a un modelo fiscal asimétrico con consecuencias para el equilibrio territorial, la cohesión social y la percepción de justicia que debe inspirar cualquier sistema tributario. Un precio demasiado caro por alargar sin fecha un Gobierno que va colina abajo envuelto en una polvareda de casos de corrupción por aclarar.
Por eso, en un momento en el que existe una amenaza capaz de socavar la legitimidad de las instituciones, un buen Gobierno que se precie tendría que extremar la prudencia y el sentido de Estado. En lugar de eso, Pedro Sánchez opta por consolidar su mayoría mediante concesiones con un inasumible precio político, institucional y territorial. No hay manual que recoja que gobernar es resistir a cualquier precio. Si se quiere construir un país donde los españoles sientan que las reglas son iguales para todos no se pueden hacer concesiones como la anunciada ayer por el Gobierno para con Cataluña. De hecho, el mero planteamiento de que sirva para que Sánchez salve un match ball en el Congreso es motivo más que suficiente para no esperar a 2027 y desempolvar las urnas.