El Gobierno tiene previsto aprobar dos leyes que pondrán boca abajo algunos de los ejes fundamentales de la Administración de Justicia, en línea con demandas europeas y de lo que ocurre en otros sistemas judiciales. Este argumento es para la oposición política y jueces y fiscales conservadores una excusa con la que se pretende debilitar el Poder Judicial al que algunos miembros del Ejecutivo consideran la verdadera oposición al Gobierno.
Aunque la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha pedido respeto hacia los jueces y ha desechado la politización de la judicatura, lo cierto es que los diez minutos de protesta contra las leyes previstas realizado a las puertas de los tribunales de toda España, incluido el Supremo, ha sido convocada solo por las organizaciones judiciales y fiscales conservadoras apoyadas por jueces y fiscales no afiliados. No obstante, a la cabeza de las concentraciones se encontraban numerosos jueces y fiscales que no han dudado en posicionarse del lado del PP o han sido nombrados para cargos jurídico-políticos por este partido, o que se han caracterizado por hacer declaraciones contra las decisiones políticas del Gobierno.
La ley que pretende impulsar el gobierno de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, prevé cambios en el actual sistema de oposiciones e incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y acabando con la situación de interinidad de un millar de jueces y fiscales sustitutos, en este caso como reclaman desde Europa. El temor a una devaluación de las carreras por la reforma del modelo de selección y formación de los jueces, lo que afecta a los jueces preparadores y a la concesión de becas para que más estudiantes de Derecho puedan dedicarse a la preparación de las oposiciones. Resulta difícil oponerse a esas propuestas sino es por un prurito de corporativismo, y por la sospecha, que no certeza, de que de esa forma pueda cambiar la tendencia conservadora que, guste o no, impera en ambas carreras. En cualquier caso no se puede dudar de la competencia de quienes llevan años ejerciendo de jueces y fiscales de sustitutos sin que sus instrucciones diarias hayan dado mucho que hablar.
Otro tanto ocurre con la prevista reforma de la norma que regula el funcionamiento de la carrera fiscal para adaptarla a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales, una circunstancia que es la habitual en la mayor parte de los sistemas judiciales, en contra de la anomalía española de que los jueces instruyan y juzguen. Además, se modificará la duración del mandato del fiscal general del Estado para desligarlo del de la legislatura. Aunque existe un consenso básico entre todos los fiscales sobre la asunción de la responsabilidad investigadora, la situación que rodea a Álvaro García Ortiz, es suficiente para poner en cuestión la reforma, pese a que también está previsto reforzar la independencia de los fiscales respecto al poder político.
En efecto, si el Gobierno ha cargado contra las instrucciones que llevan a cabo algunos jueces que consideran con hacen "cosas difíciles de entender"-sin acusar de prevaricación-, también hay jueces y fiscales que están en campaña contra Pedro Sánchez y sus alrededores.