No fue una sesión plenaria cualquiera. De hecho, fue uno de los cónclaves municipales más especiales –si no el que más– de lo que llevamos de legislatura. No era para menos después de las turbulencias de los últimos días. En el ambiente se podía hasta palpar que tres palabras merodeaban en la cabeza de los 25 miembros de la corporación: moción de censura. Y todo por la noticia adelantada en primicia por La Tribuna y posteriormente confirmada en distintos medios de comunicación por el máximo responsable de la formación implicada, Isidoro Gómez Cavero.
Eso sí, el dirigente de Cuenca nos Une dejó pasar la ocasión y no movió ficha al respecto, aunque su grupo sí presentó una moción –aunque no de censura– para intentar fiscalizar la acción de gobierno de Darío Dolz de cara a lo que resta de mandato. La propuesta de la agrupación de electores no solo no salió adelante, sino que se quedó ‘aislada’ en este capítulo. Para colmo, tuvo que escuchar las reprimendas del resto de formaciones, que una y otra vez les recordaron que hasta hace un suspiro ellos mismos tuvieron parte de responsabilidad a la hora de maniobrar con los mandos de la nave. Ahora bien, éste fue uno de los pocos apartados en los que la oposición se mostró dividida.
En una buena parte de las mociones debatidas en la sesión, PP, Cuenca nos Une y Ciudadanos hicieron frente común para sacar adelante propuestas como la de terminar de cumplir con los contratos de alumbrado público, la creación de un proyecto de limpieza de la red de alcantarillado, la constitución de un fondo de emergencia municipal para hacer frente al gasto de suministros básicos de las familias y los autónomos, o la restauración de los plenos presenciales. Hasta para declarar las fiestas locales de 2022 hubo lío al respecto... y todo por marcar el paso al equipo de Gobierno.
Críticas a CnU. En el debate de la moción de Cuenca nos Une afloraron los calificativos con un mismo objetivo en la diana. Luz Moya, en representación del PP, justificó que no podían admitir algo que «a todas luces pretende diluir responsabilidades», y es que «su experimento ha sido un completo desastre». Saray Portillo encarnó la réplica en representación del equipo de Gobierno, señalando que la moción era una «oda al marketing político». «Es irresponsable, jugando a la oposición, pretender conseguir lo que debería haberse logrado gobernando», remató la teniente de alcalde.
Cuenca en Marcha!, por su parte, argumentó su abstención explicando que el documento es «hueco e inconcreto» y que, además, «deben asumir las responsabilidades que les corresponden por lo que han hecho o han dejado de hacer durante estos dos años». La moción, a juicio de García es un «tirón de orejas» o un «ajuste de cuentas» al alcalde. Ciudadanos explicó que la idea de CnU plantea un debate sobre algo que «es más filosófico que concreto», y aunque resulte «interesante, no es muy práctico». Cristina Fuentes cuestionó además que la iniciativa llega «muy tarde».
Acuerdos del Pleno. La primera sesión ordinaria con la que se abrió el curso político fue fructífera, y es que recibieron luz verde varios asuntos en forma, principalmente, de mociones. De esta forma, por ejemplo, el autobús ‘lanzadera’ al Casco cambiará su parada de salida, y es que a juicio de la formación naranja, con el recorrido actual y la parada programada en la plaza del Nazareno «se producen atascos y aglomeraciones de personas en un acerado estrecho y colindante a una terraza». Aspecto en el que estuvieron de acuerdo todos los grupos.
Por otro lado, el Pleno también aprobó –a propuesta del PP y con los votos a favor de Cs y CnU– la ya mencionada creación de un fondo de emergencia municipal para suministros energéticos. De la misma forma que también salieron adelante dos mociones de CeM!, una con el fin de condenar al régimen talibán en Afganistán y para que Cuenca sea declarada ciudad de acogida; y otra –con el apoyo del PSOE– para estudiar un posible reconocimiento del Ayuntamiento a Teresa Marín Eced, catedrática de Pedagogía y doctora en Historia de la Educación.
Comisión de Hacienda. El Pleno, en el que también se materializó una declaración institucional para mostrar «solidaridad y ayuda» a la isla de La Palma, aprobó la contratación de la prestación de servicios postales para el Consistorio por un importe anual de casi 167.000 euros, así como para la prestación de servicios destinados al filtrado de seguridad del correo electrónico en la institución municipal, en este caso, por un importe anual de 21.000 euros.