El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se congratuló de la decisión del Tribunal Supremo al rechazar la petición de la Región de Murcia y de la Diputación de Alicante de suspender de manera cautelar los caudales ecológicos en el río Tajo previstos para los años 2026 y 2027, sin olvidar que los jueces ya dictaron un recurso similar en mayo al planteamiento de la Generalitat Valenciana.
En este sentido, Caballero recordó que es materia de agua y de reivindicación de los intereses de Castilla-La Mancha «siempre hemos tenido la razón moral, y eso era importante para dar la batalla legal, y ahora los tribunales nos están dando también la razón legal».
Por tanto, el vicepresidente segundo del Ejecutivo castellano-manchego consideró que se pone en evidencia que ni los gobiernos de Valencia y Murcia, ni el Sindicato Central de Regantes o la Diputación de Alicante tenían razón cuando solicitaron las medidas cautelares. En este sentido, manifestó que ahora de lo que se trata es de que «el Gobierno de España acelere la implementación de todo lo que tiene que ver con los derechos de Castilla-La Mancha en materia de agua y, en definitiva, que se aplique el plan hidrológico del Tajo», que favorece los intereses de esta región.
Y es que, para Caballero está claro que «es de razón y de sentido que el agua de Castilla-La Mancha sirva al desarrollo de esta tierra».
Críticas al silencio del PP. Por su parte, la diputada de Grupo Socialista en las Cortes regionales Paloma Sánchez Garrido aseguró ayer que Castilla-La Mancha «está ganando la batalla del agua» y criticó, no obstante, el «silencio» tanto del presidente regional del PP, Paco Núñez, como de los «malos alcaldes» de este partido en Toledo y Talavera de la Reina, por estar callados «cuando atacan los intereses de sus ciudades» con el río Tajo.
Sánchez Garrido aseguró que ahora sólo queda que el PP, desde el Levante «negocie o pacte» un precio de agua desalada más barata, ya que ésta es, a su juicio, la «única alternativa real» al trasvase Tajo-Segura.
Y, al mismo tiempo, reprochó a los nuevos regidores municipales del PP en las ciudades ribereñas de Toledo y Talavera de la Reina por «mantenerse en silencio» sobre este asunto, sin haberse manifestado en ningún momento sobre esta decisión judicial, igual que su jefe de filas en la región, Paco Núñez, a quien acusó de estar «más preocupado de los intereses de Madrid, en Génova, que de los intereses de Castilla-La Mancha».
«Esto es algo que se lleva luchando y peleando desde el Gobierno de Emiliano García-Page desde hace muchos años. «No podemos hipotecar el futuro de nuestra tierra», permitiendo que el agua de la región «se vaya directamente a generar riqueza a otras comunidades».